Hace apenas unas semanas, personal de la Agencia Gubernamental de Control le incautó las empanadas a un vendedor ambulante en Parque Centenario, barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También le secuestraron el carro, y todo esto un Primero de Mayo. Trágicamente poético.
Pablo Romero — que se había quedado sin trabajo hacía poco y con dos hijos a cargo — aprovechó el feriado para salir a ganarse el mango, pero se encontró con un Estado implacable, según el cual esto fue “un tema de salud pública”, ya que “los inspectores verifican la procedencia de la mercadería y verifican si la misma se encuentra debidamente rotulada y envasada, a fin de preservar la salubridad de los productos, evitando la venta al público de alimentos no apto para consumo”.
No tengo ni idea de cuál es el procedimiento para poder vender comida en la calle legalmente en la Capital Federal, pero estoy seguro de que si existe debe ser bastante engorroso. Por otra parte, todos conocemos casos de locales cerrados por falta de habilitación, vehículos secuestrados durante estrictos controles de alcoholemia, o multas por circular en moto sin casco o chaleco de seguridad.
Cualquier persona que se haya topado con un agente de tránsito sin absolutamente todo en regla sabe que las chances de salir con los bolsillos ilesos son mínimas. Y ni hablar de las fotomultas, cuyo verdadero target son los ciudadanos comunes y corrientes.
Por lo tanto no puede decirse que existe anarquía en Argentina en el sentido de que el Estado es incapaz de hacer cumplir sus leyes.
Ahora bien, varias personas intervinieron en defensa de Romero, una de las cuales dijo que en ese mismo lugar “venden falopa todas las noches”, acusando a los agentes de “perseguir al laburante”. Al parecer el paco no es una cuestión de salud pública lo suficientemente grave como las empanadas.
De hecho, cada tanto miro en Youtube esos videos en los que gente como Martín Ciccioli entrevista a delincuentes en la calle, muchas veces a cara descubierta o apenas blureada admitiendo la comisión de múltiples delitos — a veces hasta jactándose — con un aire de total impunidad. En este, por ejemplo, hay un grupo muy tranquilamente sentado en los alrededores del Obelisco esperando víctimas (minuto 8:00). Ante la pregunta del periodista, uno dice “yo soy chorro y ando robando”. Ni un policía a la vista.
Recuerdo que en uno de esos videos algunos hinchas de San Lorenzo denunciaban ser rutinariamente asaltados a la salida del estadio por “pirañas” que, consumados los robos, se perdían en la villa 1-11-14 — donde las fuerzas de seguridad no entran.
Por supuesto, sabemos que estas no son excepciones; la inseguridad es uno de los mayores problemas de nuestro país junto con la inflación. Las villas mismas son enclaves anárquicos donde las regulaciones no existen, donde el crimen es moneda corriente y donde — aparentemente — no llega la soberanía del Estado argentino.
¿Cómo se puede afirmar, entonces, que vivimos bajo una tiranía?
En 2005, Samuel Francis publicó un artículo titulado Synthesizing Tyranny, en el que se refiere a Estados Unidos como una “anarcotiranía”. No veo por qué el concepto no podría aplicar a nuestro país. De hecho, creo que encaja perfectamente y describe la realidad de la mayoría de las naciones que componen el imperio informal angloamericano — o lo que conocemos como Occidente.
Por citar un ejemplo reciente, el Estado español acaba de arrestar a varias personas por “insultos racistas” contra un jugador del Real Madrid, lo cual constituye un “delito de odio”. Al mismo tiempo, el gobierno sanciona leyes que dificultan el desalojo de “okupas” en viviendas tomadas, sobre lo cual se recibieron más de 16 mil denuncias en 2022. Mano dura para hinchas del Valencia por algo tan absurdo como “racismo”; flexibilidad para criminales reales.
También esta semana, en Reino Unido la policía detuvo a un conductor que empujó a un par de manifestantes que estaban cortando una calle durante una protesta. Es decir, los agentes estuvieron ahí todo el tiempo, pero solo cuando el ciudadano honesto actuó decidieron intervenir en favor de quienes estaban impidiendo la libre circulación.
Ya que estamos, también en Reino Unido un “extremista de derecha” fue sentenciado a 4 años de prisión por llamar “traidor a la raza” al Príncipe Harry, mientras que a un tal Abdulrizak Hersi le dieron 18 meses por abusar sexualmente de una nena de 13 años.
Podría citar un millón de casos más porque todos sabemos que estas cosas ocurren todo el tiempo.
Como dice Francis: “Lo que tenemos hoy en este país [y en Occidente en general] es tanto anarquía (el fracaso del estado para hacer cumplir las leyes) como, al mismo tiempo, tiranía: la aplicación de las leyes por parte del estado con fines opresivos.”
Volviendo a nuestro país, lo que hay que tener claro desde el principio es que el Estado argentino es perfectamente capaz de aplicar las leyes cuando quiere, y puede ser tan estricto como se lo proponga.
Por lo tanto, cuando hablamos de anarcotiranía nos referimos a una tiranía selectiva: el Estado deliberadamente oprime al ciudadano honesto sometiéndolo a una creciente cantidad de controles y regulaciones, a la vez que allana el camino para los criminales reales a través de legislación progresista por razones de “derechos humanos” — o a veces lisa y llana inacción.
Como dice Francis:
El Estado y quienes lo controlan claramente tienen la voluntad de hacer cumplir las leyes que desean hacer cumplir. El Estado no “falla” en hacer cumplir el resto; no tiene intención ni deseo de hacerlo.
Entonces:
La anarcotiranía es enteramente deliberada, una transformación calculada de la función del Estado: de uno comprometido con la protección de la ciudadanía respetuosa de la ley a uno que trata al ciudadano honesto, en el mejor de los casos, como una patología social y, en el peor, como un enemigo.
(Esto último se refiere a la transformación cultural que el Estado pretende llevar a cabo en el territorio, y que es el motivo real detrás de la anarcotiranía. No es tema de esta nota, pero para quienes estén interesados aquí, aquí y aquí intento explicarlo.)
El gran error, en conclusión, es creer que el problema de la inseguridad radica en un Estado ineficiente. De hecho, esto ayuda a enmascarar una realidad todavía peor: la anarcotiranía, o la alianza tácita del Estado y los malvivientes contra el argentino trabajador.